| JUSTICIA AL ESTILO MILITAR |
| escrito por Maria Elena Salinas |
| Fecha: 10/12/2001 |
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| En 1995 una joven norteamericana que viajaba por Latinoamérica como voluntaria de derechos humanos y periodista fue arrestada en Lima, Perú, y acusada de ser terrorista. De acuerdo con las autoridades peruanas la joven neoyorquina era miembro del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. La casa que acababa de rentar, dijeron, se utilizaría como sede para el grupo rebelde izquierdista mientras se preparaban para un asalto al congreso peruano. Pero según ella, era sólo una casa para compartir con amigos.
El caso de Lori Berenson ya es historia. Fue condenada a cadena perpetua luego de un juicio militar presidido por jueces sin rostro. En 1996 el Departamento de Estado envió a las autoridades peruanas la siguiente declaración: "...lamentamos que la señorita Berenson no hubiese sido juzgada en una corte civil con todos los derechos a una defensa legal, de acuerdo con las normas internacionales," y pidieron que su caso fuera juzgado en una corte civil. Este año tuvo su nuevo juicio, esta vez por una corte civil y fue hallada culpable por segunda vez. Su nueva sentencia: 20 años tras las rejas por colaborar con terroristas.
La señorita Berenson tuvo la suerte de tener al gobierno de Estados Unidos velando por sus intereses. Pero hay miles de civiles acusados de traición y terrorismo en Perú que han sido juzgados por jueces encapuchados, en tribunales secretos, sin que sus abogados defensores pudieran cuestionar a testigos o tener acceso a la evidencia.
En Argentina, durante la guerra sucia de los años 70, aquellos que eran sospechosos de ser izquierdistas ni siquiera tenían un juicio. El ejército se deshacía de ellos de la manera más grotesca. Miles fueron lanzados al mar desde helicópteros y aviones militares con los ojos vendados. Muchos eran detenidos sólo porque sus nombres aparecían en alguna lista telefónica de un sospechoso de ser izquierdista. Unos 30 mil desaparecieron.
En Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet, más de dos mil personas fueron asesinadas o simplemente desaparecieron. El Directorio Nacional de Inteligencia, conocido como DINA, mantenía centros de detención secretos en los que torturaban a prisioneros. Ha habido atrocidades similares en países como Uruguay, Colombia, Guatemala, El Salvador, Cuba y la lista sigue.
No estoy segura si podemos hallar paralelos en estos casos de justicia o injusticia militar. Pero no puedo negar que me vinieron a la mente cuando el presidente Bush autorizó el uso de sus propios tribunales militares para juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo en Estados Unidos. Sin duda hay más diferencias que semejanzas. Para empezar, Estados Unidos no es una dictadura militar. Nuestro sistema democrático haría casi imposible que opositores al gobierno desaparecieran como en el caso de Argentina, o que miles fueran torturados en centros de detención como en Chile. Sin embargo, tal como ocurrió en Chile, Argentina, y Perú, hay cientos de sospechosos de ser terroristas detenidos en las cárceles norteamericanas. No sabemos quienes son, de que les acusan, y cual es la evidencia en su contra. No sabemos si son terroristas o alguien que por casualidad apareció en la libreta telefónica de algún otro sospechoso.
No es fácil oponerse a medidas extremas luego que actos terroristas sin sentido han puesto al país en máxima alerta. Sin embargo hay que tener cuidado de que no se nos pase la mano. Claro que todos quieren que los terro-ristas que cometieron las atrocidades del 11 de septiembre se enfrenten a la justicia. Hay que asegurarse que cualquiera que esté planeando un ataque similar sea capturado antes de que sea demasiado tarde. Incluso se podría considerar no otorgarle los mismos derechos legales a terroristas. Pero Estados Unidos debe tener cuidado de no pisotear los valores por los que estamos luchando en esta guerra contra el terrorismo. Hay que tratar a los extranjeros, aunque estén acusados de crímenes, con el mismo trato que esperamos que otros gobiernos traten a nuestros ciudadanos. |
