Parece que la decisión esta tomada. El muro en nuestra frontera sur será construido. Nuestros legisladores dicen que es necesario para protegernos de los malos, de terroristas potenciales, de aquellos que quieren destruir nuestro estilo de vida. Hay que protegernos de esos pobres trabajadores inmigrantes que les están quitando el empleo a los norteamericanos que seguramente están en cola para trabajar como jardineros, recogedores de lechuga, meseros y niñeras. Una cerca de 700 millas de largo no sólo nos mantendrá seguros, dicen ellos, sino que resolverá nuestro problema migratorio. ¿Es eso lo mejor que pueden hacer? Qué solución tan pobre.

Nuestro congreso convirtió un asunto crucial de inmigración en una farsa de seguridad. Para mantenernos seguros y libres de potenciales criminales no necesitamos bloquear nuestra frontera sur, hubiera sido suficiente el echar un vistazo a nuestras propias agencias de inmigración.

El congreso no lo ha hecho. El Departamento de Seguridad Interna aparentemente lo estaba manteniendo en secreto. Pero por fortuna tenemos buenos periodistas para desenmascarar la corrupción. La agencia Prensa Asociada informó a finales de septiembre que en los últimos 12 meses docenas de empleados de inmigración y aduanas en todo el país han sido detenidos o sentenciados por cargos relacionados con corrupción.

Nuestros oficiales han estado vinculados con todo tipo de delitos, desde contrabando hasta tráfico de drogas, venta de documentos falsos y el otorgamiento de residencia legal a quienes no califican. Por lo menos nueve oficiales de inmigración o agentes de la Patrulla Fronteriza han sido vinculados con actos de corrupción en la frontera de California y diez en la de Texas, según el informe de Prensa Asociada. Pero el problema es mucho mas profundo.

Esta es apenas una pequeña muestra de lo que está sucediendo en nuestras agencias encargadas de hacer cumplir la ley. El agente de la Patrulla Fronteriza David Duque enfrenta 15 años de prisión después de declararse culpable de aceptar sobornos a cambio de documentos legales. Vendió pasaportes, certificados de nacimiento, y tarjetas de seguro social falsas. Recibió $5,000 dólares por haber permitido el paso de un embarque de cocaína a través de la frontera en Texas.

También en Texas, el agente de aduanas Fabián Solís fue sentenciado a tres años de prisión por facilitar la entrada de inmigrantes indocumentados. Solís permitió el ingreso de 219 indocumentados cobrándoles a los coyotes $300 por cada uno.

En la frontera de California Mike Gilliland era mucho más caro. Supuestamente cobraba $1,500 por cabeza por pasar indocumentados. Según la investigación cruzaban un promedio de cuatro autos por noche con hasta diez pasajeros cada uno.

En Tampa, Fla., el agente de aduanas Rafael Francisco Pacheco fue sentenciado a siete años tras las rejas por aceptar $18,000 de un narcotraficante y por escribir una carta solicitando visas para la esposa e hija del narco.

Robert Schofield, un supervisor de inmigración en Fairfax, Va., fue acusado de otorgar residencia legal o ciudadanía a unos 100 inmigrantes que no calificaban.

Y en Nueva York el oficial de inmigración Phillip Browne fue sentenciado por fraude y lavado de dinero en un montaje hecho para preparar matrimonies falsos entre ciudadanos de Estados Unidos y extranjeros.

Y también está el caso de un ciudadano iraquí nacido en Estados Unidos que había sido entrenado por agencias de inteligencia extranjeras, y aun así fue contratado para revisar solicitudes de asilo.

No hay duda que manzanas podridas existen en todos lados, pero éstos no son pequeños incidentes aislados. Según informes de prensa se iniciaron más de 600 investigaciones criminales de empleados de inmigración en todo el país durante el último año. La justificación del Departamento de Seguridad Interna es escasez de recursos. Reclaman tener tan sólo 309 investigadores para monitorear la posible conducta criminal de cerca de 72,000 empleados.

 No es fácil eliminar la corrupción a ningún nivel, así sea en el sector empresarial, en los vestíbulos del congreso e incluso en nuestras agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Pero cuando sucede, el pueblo norteamericano tiene derecho a saberlo, especialmente cuando los que se supone deben estarnos protegiendo, están conspirando para romper la ley motivados por la avaricia. Los inmigrantes no necesariamente están buscando maneras de comprar su entrada al país ilegalmente. Lo que quisieran son leyes justas que les permitan formar parte de nuestra sociedad de manera legal.

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(Maria Elena Salinas es autora del libro “Yo soy la hija de mi padre: Una vida sin secretos.” Conectese a www.mariaesalinas.com)